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NI LOS ANTECEDENTES NI LAS DECLARACIONES IMPIDIERON EL APOYO DE LA COMISIÓN DE ACUERDOS

Hoy la Comisión de acuerdos del Senado de la Nación trató los pliegos de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani y con un dictamen de mayoría les brindó su acuerdo.

La audiencia fue una oportunidad perdida para que el Congreso profundice su mirada sobre el sistema de inteligencia con el camino de democratizarlo, transparentar su funcionamiento y establecer mecanismos de control eficaces. La Comisión prefirió ignorar el pedido de audiencia pública que hicimos las organizaciones y acompañaron legisladores nacionales, y ampararse en formalismos –discutibles- para evitarle a los candidatos enfrentar los cuestionamientos.

La reunión pretendió ser una formalidad, sólo interrumpida por las preguntas de algunos senadores,  a raíz de las cuales Arribas y Majdalani produjeron declaraciones que solo aumentan la preocupación. En reiteradas ocasiones declararon que la restauración de la lógica del secreto será una característica de la gestión que llevarán adelante. Ambos afirmaron que la derogación del decreto 656/15 era necesaria, que todo el personal debe hacer inteligencia, que la estructura de funcionamiento de la AFI debe ser secreta en todos sus niveles y que también debe serlo el uso de los fondos. Arribas mencionó la existencia de un mecanismo de registro del uso de los fondos pero, una vez más, no dio ningún detalle sobre su funcionamiento. Los senadores tampoco se lo pidieron. La decisión de volver a poner todo el funcionamiento del sistema de inteligencia bajo la regla del secreto es contraria a los lineamientos establecidos por la ley de inteligencia 25.520, norma que está vigente.

A lo largo de la audiencia se hicieron varias referencias a que el control del funcionamiento de la AFI debe estar a cargo de la Comisión Bicameral de control y fiscalización; inclusive se mencionó a la Comisión, erróneamente, como la única habilitada para conocer en detalle el uso de los fondos de la Agencia de Inteligencia. A pesar de esto, los senadores no le preguntaron a Majdalani por su gestión de 3 años como vicepresidenta de esa Comisión, periodo en el que estuvo paralizada, aun después de la crisis del sistema de inteligencia a fines de 2014. Por su parte, Majdalani se refirió a la falta de controles del sistema de inteligencia durante el gobierno anterior como si esa no hubiera sido, precisamente, su responsabilidad.

Los senadores tampoco les preguntaron a los candidatos por qué ocultaron en la presentación su participación en sociedades empresarias que están documentadas en el Boletín Oficial, entre otras cuestiones relevantes que deben ser analizadas al momento de considerar la idoneidad de los candidatos.

 

El presidente de la comisión y buena parte de los senadores presentes en la reunión sostuvieron en reiteradas ocasiones que la presentación de las organizaciones integrantes de la Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia estaba fuera de término.

Sin embargo, el artículo 22 del reglamento del Senado de la Nación dice que la Comisión de Acuerdos recibirá “observaciones con relación a los propuestos, mientras los pliegos se encuentren a su disposición”. Esto fue lo que ocurrió. Si los senadores se referían a lo que el reglamento del Senado considera “impugnaciones”, con un plazo de siete días corridos a partir de que los pliegos tienen estado parlamentario, debemos hacer notar que el Senado no hizo público el inicio de este periodo a través de sus canales de comunicación y que en otras oportunidades recientes se priorizó el debate de la idoneidad de los candidatos por sobre las fechas de presentación de los escritos.

Al mismo tiempo, el control de idoneidad de los cargos públicos es una responsabilidad del Poder Ejecutivo y del Senado de la Nación, responsabilidad que deberían asumir haya o no impugnaciones u observaciones presentadas por organizaciones de la sociedad civil. Llamativamente, la única información que estuvo en debate durante la reunión de la Comisión de Acuerdos fue la acercada por las organizaciones de la sociedad civil y la difundida por medios periodísticos. Los senadores integrantes de la Comisión no manifestaron tener información ni documentación sobre los antecedentes de los candidatos ni el modelo de inteligencia que vienen implementando desde que asumieron sus cargos en comisión.

Tal como señalamos en nuestra presentación, la idoneidad que exige la Constitución Nacional no ha sido demostrada por ninguno de los dos candidatos. Ni siquiera se acercan al mínimo estándar exigible: carecen de formación específica y reconocida en la materia; están involucrados en causas penales abiertas; falsearon u omitieron información relevante en sus currículums para una correcta evaluación de sus capacidades profesionales; tienen antecedentes de conductas poco transparentes, hecho inaceptable para quienes deben dirigir el organismo rector del Sistema Nacional de Inteligencia; y no demuestran apego a la ley ni compromiso con los valores democráticos. De hecho, en el breve período en comisión gestionando estos asuntos,  demostraron que no están dispuestos a adoptar medidas que tiendan a reformar las tradicionales prácticas y formas de hacer inteligencia en nuestro país. Hoy, además, dieron a entender que el objetivo es que el organismo vuelva a funcionar como siempre lo ha hecho.

Como hemos visto en los últimos años, la oscuridad y ausencia de control, la falta de transparencia en el uso de los fondos y las redes entre servicios de inteligencia, sectores del poder judicial y del poder político sólo tienen consecuencias negativas para el funcionamiento del Estado de derecho. Así se comprueba al analizar la participación de los servicios de inteligencia en gravísimos hechos de la historia reciente de nuestro país como el encubrimiento del atentado a la AMIA. Por lo tanto, la democratización de este sistema es un proceso impostergable con el que deberían comprometerse todos los actores políticos. Esperamos que las y los senadores debatan los pliegos en el recinto teniendo en cuenta estas consideraciones.

Asociación por los Derechos Civiles (ADC)
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
Fundación Vía Libre
Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED)
Núcleo de Estudios sobre Gobierno y Seguridad (UMET)