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viernes, 21 de diciembre de 2012 |
ECONOMIA › GILS CARBO REFORMULO LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LUCHAR CONTRA EL LAVADO DE DINERO
El organismo estará comandado por Carlos Gonella, hasta ayer fiscal a cargo de las megacausas por violaciones a los derechos humanos en Córdoba. Contará con áreas especializadas en lavado, fraudes bancarios, mercado de capitales y delitos tributarios.
  Por Fernando Krakowiak
La jefa de los fiscales federales, Alejandra Gils Carbó, anunció ayer la creación de una Procuraduría Adjunta de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) para potenciar la eficacia en la persecución de esos delitos. El nuevo organismo estará comandado por Carlos Gonella, hasta ayer fiscal general a cargo de las megacausas por violaciones a los derechos humanos cometidas en Córdoba durante la dictadura, y contará con seis áreas operativas. La estructura y las competencias de las unidades que venían dedicándose a estos temas en el Ministerio Público Fiscal, con pobrísimos resultados, serán absorbidas por la flamante Procelac. “Los grandes desafíos que se nos presentan hoy exigen potenciar la capacidad de esas unidades creando una estructura más compleja y adecuada”, afirmó Gils Carbó. La funcionaria comunicó la novedad en un acto realizado en la Procuraduría General de la Nación al que asistieron el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella; el presidente de la Comisión Nacional de Valores, Alejandro Vanoli; el ex titular de la Oficina Anticorrupción, José Massoni, y el jurista Alberto Binder. Allí Gils Carbó reconoció que la lucha contra el lavado de dinero es una de las asignaturas pendientes del Ministerio Público Fiscal que preside desde fines de agosto. En 2006 se creó en ese ámbito la Unidad Fiscal para la Investigación de los Delitos de Lavado de Dinero (Ufilavdin) con la misión de impulsar las denuncias presentadas por la UIF, pero no logró cumplir con su objetivo. Tal como detalló Página/12 el jueves pasado, en cinco años sólo presentó 59 denuncias penales, mientras que archivó 192 casos, derivó por conexividad con otro delito 123 casos y en 115 casos presentó denuncia por un delito diferente del lavado. De esas cifras se desprende que realizó denuncias penales por lavado en apenas un 9 por ciento de los casos en que la UIF previamente había resuelto que existían razones para acusar por ese delito. Ese flojo desempeño fue decisivo para que, como recordó Gils Carbó ayer, sólo haya habido una condena por lavado de dinero y una probation desde que en el 2000 se lo tipificó como delito en el Código Penal. La Ufilavdin estaba a cargo del fiscal general Raúl Pleé, a quien en el Gobierno cuestionaban por actuar de modo al menos negligente y por la estrecha relación que supuestamente mantiene con los estudios de abogados que representan a algunas de las empresas investigadas (ver aparte). Ahora las competencias de la Ufilavdin fueron absorbidas por la nueva Procelac. Por lo tanto, Pleé quedará sólo como fiscal ante la Cámara Nacional de Casación Penal, su cargo original y el que también se mantuvo mientras estuvo al frente de la unidad antilavado, pues ese organismo no exigía una dedicación exclusiva. Gils Carbó mencionó además ayer que la duración promedio de los procesos por grandes fraudes bancarios y financieros es de 14 años y que tiene registradas apenas cinco condenas por quiebras fraudulentas. De ese modo justificó que las competencias del nuevo organismo vayan más allá de la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. En la Procelac habrá seis áreas operativas. Al frente de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo estará el fiscal Omar Orsi; como coordinador de Fraude Económico y Bancario quedó el ex director ejecutivo de Cipce, Pedro Biscay; en Mercado de Capitales designaron a la hasta ayer secretaria de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Macarena Comas Wells; en Derecho Tributario y Contrabando asumirá Juan Zoni, secretario de la Fiscalía Penal Tributaria Nº 3; en Delitos contra la Administración Pública quedó Milton Khaski, ex secretario de la fiscalía federal Nº 6, y en Concursos y quiebras asumirá la hasta ahora secretaria de la fiscalía de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Mariel Dermadirossian. Durante el anuncio, Gils Carbó remarcó que, a diferencia de lo que venía ocurriendo, el procurador adjunto y los coordinadores de las flamantes áreas tendrán dedicación exclusiva en sus cargos. Les pidió que no se limiten a obrar como auxiliares de los jueces y que asuman un papel protagónico en las investigaciones. También solicitó trabajar de manera articulada con otras dependencias públicas y privadas. “Esto no lo puede hacer sólo el Ministerio Público. Por eso invitamos a otros fiscales, referentes del sector público y privado, autoridades legislativas, organismos de control, fuerzas de seguridad y un Poder Judicial que avance en la democratización de la Justicia para que no prevalezca la persecución penal de los culpables fáciles, con olvido de los delitos económicos graves que atacan los pilares del desarrollo sustentable con equidad social al que aspiramos”, concluyó. Fuente: Diario Página 12, http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-210364-2012-12-21.html |
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jueves, 13 de diciembre de 2012 |
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El pasado 5 de diciembre del 2012, la Asociación para los Derechos Civiles (ADC) y el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED) convocaron a expertos, miembros de la sociedad civil y honorables miembros de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores de la Nación, para reunirnos en torno a una preocupación preexistente: la falta de transparencia de los mecanismos de control parlamentario sobre los organismos de inteligencia de la Nación.
Habiendo confirmando que la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso de la Nación permanece bajo el más riguroso y oscurantista secreto, concepción propia de una doctrina antidemocrática de Inteligencia, expresamos nuestra preocupación respecto del grado y calidad de cumplimiento de las prerrogativas expresamente reguladas en la Ley 25520/01 de Inteligencia Nacional, relativas a las facultades para el control parlamentario del funcionamiento del sistema de inteligencia nacional.
En este sentido, ADC y el ILSED deciden: - Conformar una plataforma de acción permanente a partir de la cual la sociedad civil interesada y estudiosos del tema, confluyan para el efectivo seguimiento de las diversas instancias de control sobre el sistema de inteligencia, entre ellas, la actividad que la Comisión Bicameral debe desarrollar para el cumplimiento efectivo de la ley - Invitar a los Diputados y Senadores de la Nación, miembros de la Comisión, a abrir un diálogo permanente con la sociedad civil y el Congreso en su conjunto, a los efectos de rendir cuentas y transparentar el funcionamiento de la Comisión. - Solicitar, a través de la presente nota, se revisen los mecanismos internos de supervisión del Congreso sobre el efectivo funcionamiento de sus Comisiones, de modo de obtener el suficiente acervo de información para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de legislar y controlar que la función legislativa conlleva.
Es imprescindible revisar la doctrina nacional de inteligencia imperante para superar el estatuto del secreto regulado en la ley 25520/01 y fortalecer el carácter de las facultades de control externo del sistema, de modo de que la actividad de inteligencia funcione en el marco un sistema de rendición de cuentas efectivo y democrático, en beneficio de la seguridad del Estado y el conjunto de la sociedad.
Agradecemos la presencia de José Manuel Ugarte, Eduardo Estévez, Luis Tibiletti, la Diputada Nacional Victoria Donda, el Diputado Nacional Manuel Garrido y los invitados presentes.
José Miguel Onaíndia Alberto Binder Presidente ADC Comisión Directiva ILSED
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martes, 11 de diciembre de 2012 |
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SOCIEDAD › OPINION
Por Darío Kosovsky *
La propuesta oficial de reforma al artículo 171 del Código Procesal Penal, coherente con la permanente delegación de la totalidad de los asuntos de seguridad a la Policía Bonaerense, es de un ingenio digno de ser reconocido. Con la plena conciencia de la demanda popular de un discurso encendido de confrontación contra algún mal que personifique la inseguridad, y acudiendo como fundamento al desarme, el Ejecutivo Provincial se propone, ahora, ampliar a un extremo inédito las facultades policiales y reducir a la nada el poder de los jueces para controlar el accionar de las fuerzas de seguridad y la vigencia de las garantías constitucionales en el proceso penal. A través de la nueva norma se pretende impedir que los jueces evalúen en cada caso si existe o no un peligro concreto de obstaculización del proceso penal por parte del imputado. Se incorpora, con la reforma, un mandato de decisión para el operador judicial: “Todo aquel que tiene un arma y se resista a un operativo público de control se fugará en el futuro; por ello es obligatorio que el juez lo deje preso cautelarmente”.
La previsión de supuestos de hecho de “fuga futura segura” no sólo maniata a los jueces y les impide el ejercicio de decisión inherente a su función, sino que legaliza un protocolo de actuación policial abusiva. A partir de una reforma de este tipo, el mero testimonio policial de resistencia de un detenido bastará para impedir su futura excarcelación. Consideremos que si actualmente existen enormes dificultades para prevenir y controlar el ejercicio abusivo de las facultades policiales en su tarea diaria, esta iniciativa, lisa y llanamente, habilitará el fraguado de procedimientos y la selección policial de personas ya no para su detención transitoria sino para su permanencia en la cárcel por meses o años.
Lo que debe ser destacado de viva voz y expuesto en el Senado bonaerense y en todos los ámbitos posibles es el esfuerzo denodado de los mentores de la iniciativa por confundir a la población para lograr esquivar preceptos constitucionales básicos. La utilización del discurso de “desarme de delincuentes” para bajar las barreras constitucionales para el uso de la fuerza estatal es la mayor perversión de las verdaderas políticas de desarme. Más pobres en las cárceles no es el objetivo de las políticas de desarme. Estas, justamente, se apoyan en la necesidad del fortalecimiento de los sectores populares como actores de poder que tensionen el statu quo de la desigualdad. Sacar armas de los contextos en los que jóvenes pobres se matan entre sí es un presupuesto para el diálogo y la construcción de política para el cambio social desde las bases territoriales. El desarme está estrechamente ligado a la construcción de una sociedad más justa e igualitaria, más cooperativa y en la que el Estado asuma plenamente la responsabilidad de garantizar la seguridad pública.
En la asunción de este rol se inscribe también la búsqueda de limitar al mínimo indispensable la intervención violenta desde las instituciones estatales en tanto forma en que se fijan valores de referencia para la sociedad. En la vereda opuesta, la inyección de violencia por medio del encierro preventivo, que colisiona filosófica y políticamente con el desarme, en nada incidirá en la circulación de armas ilegales. Una política criminal racional no encuentra su eje en las personas que protagonizan los conflictos, sino en una intervención estratégica en la dinámica de los fenómenos delictivos de modo de contenerlos, reducirlos y si es posible reconvertirlos positivamente. La recurrente receta de estimular conductas mediante la amenaza de coerción es una excusa para evitar adentrarse en el diseño de políticas para reducir el circulante ilegal de armas.
El gobierno de la provincia no analiza la dinámica del circulante, no traza rutas, no identifica patrones, no estudia las incautaciones, no individualiza los flujos más relevantes ni las bocas de ingreso al mercado negro de las armas de fuego y mucho menos controla sus arsenales y depósitos, fuentes nodales de desvíos.
* Miembro del consejo directivo del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia, y fundador de la Red Argentina para el Desarme. |
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jueves, 06 de diciembre de 2012 |
Por Mariano Ciafardini*¿Cuándo una manifestación política puede ser calificada de democrática en nuestros días? Podríamos establecer tres condiciones: 1) que lo que se reclame sea racionalmente posible, 2) que el reclamo sea preciso y concreto y 3) que el reclamo sea hecho ante quien corresponda. Si no reúne estos requisitos la manifestación política de que se trate podrá ser justa, incluso legítima, pero no puede arrogarse el título de expresión democrática en lo que este término tiene hoy de formal.
El reclamo contra la “inseguridad” que fuera uno de los contenidos de la “marcha del 8N” no cumplió con ninguno de estos tres requisitos.
El reclamo de “basta de inseguridad” no parece ser alcanzable en esos términos absolutos, en que fue planteado, en ningún lugar de este mundo globalizado que, entre muchas de sus características negativas, tiene la de estar estructurado como una “sociedad de riesgo”. Ni siquiera en el caso de que la demanda deba ser en tendida como: “basta de delitos violentos contra la propiedad y las personas en las calles y las viviendas”, tiene el reclamo visos de racionalidad, a menos que lo que se esté planteando, implícitamente, sea la necesidad de una transformación social y cultural (que conllevaría una profunda transformación estructural de lo económico y lo político) a nivel global. No creemos que este sea el caso, ni la disposición de los manifestantes.
En segundo lugar es obvio que el planteo así formulado no tiene nada de concreto ni de preciso. No explicita a qué tipo de inseguridad se refiere, ni a que tipo de manifestación de violencia o delictiva (si es que se constriñe a esto). Además, cuando se habla de concreción o precisión, se entiende que la demanda debe contener, al menos, un indicio de propuesta o sugerencia o, de lo contrario, un llamamiento a un diálogo con el demandado para que se explicite el cómo. No hubo nada de esto.
En tercer lugar y ya suponiendo que el reclamo era contra los delitos que suceden en las calles o en las entradas a los hogares en los barrios y distintos sectores de nuestras ciudades, el Poder Ejecutivo Nacional, que era la autoridad a la que se le reclamaba, no es de ninguna manera el responsable principal de la aplicación y el desarrollo de las política públicas que deben atender este problema, sino que lo son las autoridades locales y estaduales. Son los intendentes y los gobernadores los que tiene que estructurar, lugar por lugar, los planes de prevención del delito urbano, que no se restringen únicamente a la vigilancia policial pero que, además, y en lo que a ella respecta, son sólo tales autoridades las que tiene la posibilidad, efectiva, del control del desempeño policial en los barrios y las áreas urbanas concretas.
Sólo si el reclamo real efectuado ante estas autoridades: primero municipales y luego provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hubiera fracasado, tras intentos serios, correspondería el reclamo ante la autoridad nacional, para que interviniese el distrito correspondiente. Pero, por supuesto, sería un reclamo en otros términos que el que se realizó el 8N.
Si el reclamo por “seguridad” no es efectuado respetando básicamente estos parámetros no pareciera que se esté buscando resolver problemas reales, sino otra cosa. En ese caso el reclamo no puede considerarse respetuoso del juego democrático formalmente entendido. Y en ese caso tampoco se puede exigir ese respeto a la parte contraria.
*Presidente Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED)
Fuente: Portal Crimen y Razón http://crimenyrazon.com/columnistas/reclamo-democratico-por-seguridad/ |
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jueves, 29 de noviembre de 2012 |
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Un informe de la Corte indica que los homicidios dolosos aumentaron en zonas marginales y en situaciones de riñas y ajustes; qué otros resultados arrojó el relevamiento
Por Sol Amaya | LA NACION
La Corte Suprema de Justicia presentó los resultados de una investigación sobre homicidios dolosos ocurridos en 2011 en Capital y los partidos de La Plata y San Martín. Según este relevamiento, en la ciudad de Buenos Aires hubo 190 homicidios el año pasado, lo que significa una tasa de 6,57 cada 100.000 habitantes. Esto representa un aumento con respecto a los 168 homicidios dolosos registrados en el informe de 2010. Pero el dato que destacó el juez Raúl Eugenio Zaffaroni es que, en cuanto a los móviles de los asesinatos, se puede decir que "hay un marcadísimo descenso de los homicidios en ocasión de robo en 2011 en la ciudad". En los números recabados por la Corte, sólo representan el 15 por ciento (28) del total. Mientras que, por otra parte, la categoría "riña/ajuste/venganza" es el móvil del 39 por ciento (75 casos) de los homicidios ocurridos en la ciudad en 2011. De esos 75, 37 homicidios fueron cometidos por riñas y 38 por motivos de ajustes de cuenta o venganzas. "Tenemos que considerar que los números absolutos indican poco. Afortunadamente en nuestro país los universos de homicidios son reducidos, por eso tres o cuatro casos más pueden alterar radicalmente los índices", aclaró Zaffaroni durante la presentación del informe. Para ver la noticia completa ingresar a AQUÍ
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