Para la ex comisaria jefe de la extinta Policía Técnica Judicial, Odalys Caldera, la mayor carencia de la nueva Policía Nacional, será presupuestaria pues ni siquiera el CICPC que, según ella, podría tomarse como un modelo de cuerpo de seguridad extendido hacia todo el país, cuenta con los recursos necesarios para atender a los venezolanos azotados por la inseguridad.

"Si a tu cuerpo de policía de investigación criminal - que siempre fue el primero en Latinoamérica y el cuarto en el mundo - no le has podido inyectar los recursos, los tienes subpagados, y con equipos de tecnología de avanzada en el área criminalística que se han mantenido dañados ¿Qué se puede esperar cuando tú no pudiste mejorar ni optimizar una Policía Metropolitana, cuando tú nos has podido superar la problemátiica grave que existe a nivel nacional de los centros penitenciarios que también dependen del Ministerio de Interior y Justicia? ¿De qué estamos hablando?", sentenció.

Caldera, quien en reiteradas ocasiones se ha pronunciado en contra de la recién nacida normativa, señaló que la entrada en vigencia del decreto ley es muy precipitada. Opina que faltó investigación para aplicar esta modalidad de cuerpo de seguridad en el país y afirmó que aún no están dadas las condiciones para su funcionamiento.

Varios son los puntos de la legislación que rechaza la ex funcionaria. El primero es el relacionado con el nombramiento de los jefes de las Policías Municipales, que de acuerdo a los nuevos lineamientos deberá ser designado por el jefe de la Policía Nacional.

Caldera insistió en que si los cuerpos de seguridad de cada jurisdicción dependen, administrativamente, de las alcaldías, deberían ser las autoridades locales las que escojan a sus jefes policiales.

Asimismo, criticó la intención del Ejecutivo de romper con la línea civil que se había mantenido en la dirección de una Policía, tarea que ahora será llevada a cabo por un militar de acuerdo a lo planteado.

La ex comisaria calificó como contradictoria la posición que asumirá la Policía Nacional frente a la extorsión y secuestro, función que recaía sobre el CICPC y un grupo especial de la Guardia Nacional.

"Tendrían que formar un personal para esta tarea y eso requiere de una formación que viene de años y de hechos. Toma un tiempo laborar y especializarse en esta área", aseveró.

Según Caldera, el Ejecutivo aún no tiene claro qué es lo que quiere con la nueva legislación, pues aún se muestran muchos vacíos entre el papel y su puesta en marcha. Indicó que todavía no se ha definido cuál será el perfil del funcionario y su educación, la cual se impartirá en la Universidad de Seguridad y Prevención, cuyo pénsum será muy similar al del ya existente Instituto de la Policía Científica. "Eso va a ser una mezcla", agregó.

Estimó, además, que el tiempo de preparación de los efecticos requerirá entre 5 a 10 años, si quiere llegarse al menos a los estándares alcanzados por la Policía Nacional colombiana.

"Yo creo que todo esto se ha venido haciendo a la ligera, sin un análisis, sin graduación ni consulta. Estamos hablando de una Policía Nacional que debe tener un concepto y características especiales para que abarque cada rincón del país", afirmó.

Sobre la integración del cuerpo de seguridad con los consejos comunales, apuntó que la medida será beneficiosa si estas organizaciones se conforman de manera heterogénea. "Venga desde donde venga, los efectivos deben trabajar mancomunadamente en la lucha contra el delito y aprovechar toda información respecto a quienes cometen los crímenes. Lo ideal es que esto no se convierta en un mecanismo de persecución y que vaya a degenerar en una persecución política que es lo que teme mucha gente", advirtió.