Por C. Alarcón

El paco, esa sustancia sobre la que se ha dicho de todo sin tener mucha idea de lo que realmente es, se convirtió esta semana en el enemigo público número uno del Gobierno. Y, sobre todo, del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. Es una respuesta más al fallo Arriola, en el que la Corte exhortó a aplicar “una nueva política en la persecución del comercio, el tráfico y la distribución”. Fue el propio ministro de la Corte Raúl Zaffaroni quien dijo en la Legislatura porteña que desde el Estado se debía buscar “un director de orquesta”, una especie de “zar contra el paco”. Nombrados por el propio Fernández, los expertos del comité consideran que es justamente el hombre de los bigotes más famosos del país quien debe ponerse la camiseta para “terminar en un lapso no mayor a seis meses” con el flagelo. 

El grupo de notables del derecho, la criminología y la salud trabaja hace dos años junto a Fernández: fue por orden suya que científicos de la UBA hicieron una investigación inédita para saber qué es lo que contiene el polvito blanco que los chicos aspiran en pipas caseras y los destruye con la velocidad de una peste. Fernández también ordenó una auditoría a los laboratorios con los que cuentan las fuerzas federales para evaluar cómo estaban analizando las sustancias incautadas en los procedimientos de drogas. “Descubrimos que Gendarmería Nacional tiene un nivel de diez sobre diez”, le dijo a Crítica de la Argentina el director de la cátedra de Toxicología de la Facultad de Medicina, Carlos Damín, quien dirigió el estudio. El laboratorio de la Policía Federal tiene algunas deficiencias en la infraestructura pero también un alto nivel de complejidad. Sucede que a pedido de los jueces los químicos de las fuerzas sólo evaluaban si la sustancia blanca secuestrada era o no un alcaloide, o clorhidrato.

La investigación de Damín –también miembro del comité– hizo que los laboratorios se usaran para profundizar en la composición de las muestras del supuesto paco secuestrado en Lanús, Quilmes y cinco villas de la Ciudad de Buenos Aires: 20 muestras de distintos procedimientos. Damín ya sospechaba que podían estar ante lo que un experto uruguayo, E. Umpierrez, de la Facultad de Química de Montevideo, había concluido al analizar casi dos mil dosis de lo que los pibes orientales consumen: “La dosis de paco (0,01 a 0,03 gramos) está compuesta por el alcaloide cocaína en cantidades muy pequeñas, ‘estirado’ con cafeína, bicarbonato de sodio, anfetaminas o clorhidrato de cocaína, en distintas proporciones”. En un informe que elevó a Fernández, cuando todavía era ministro de Justicia, Damín aclara que se descartó que se tratara de la basura que deja la producción del clorhidrato de cocaína, como se ha dicho hasta el hartazgo durante los últimos cinco años. 

La elaboración del paco se hace “a partir de pasta base (sulfato de cocaína)”, contó a este diario el médico toxicólogo. El sulfato es lo primero que sale de la hoja de coca. En su extracción –en enormes pozas de maceración en las zonas de cultivo en Bolivia o Perú– se usan hidrocarburos y ácido sulfúrico. Lo que se obtiene luego de ese primer proceso es la pasta básica o sulfato. Ése se utiliza para producir luego el clorhidrato de cocaína –mediante un refinamiento más complejo– o el paco. El paco es, entonces, lo que queda de la pasta básica al extraerle mediante el uso de solventes el sulfato. Lo que llamó la atención de Damín, y que corroboró lo dicho por el uruguayo Umpierrez, es que en las muestras secuestradas no se encontró sulfato, o sea, no era pasta básica simplemente, sino algo que se puede producir en cualquier cocina casera sin demasiadas complicaciones y que luego se corta con productos que se consiguen fácilmente porque son de venta directa, como el bicarbonato de sodio, la cafeína o las anfetaminas. El estudio también derriba un mito: el paco no mata. Es imposible por su composición y por la cantidad de cada dosis que produzca la muerte. Los chicos mueren, pero por la violencia que genera el consumo y por la vulnerabilidad social extrema. 

En un debate sobre el paco que se hizo el martes anterior al fallo de la Corte en la Legislatura porteña, junto al criminólogo Elías Neumann, Zaffaroni no sólo pidió que el Gobierno nombre a un zar antipaco, sino que definió –con buena información– a la sustancia como un “tóxico de producción doméstica y artesanal, producto de la exclusión social, cuya distribución no responde a los intereses de los grandes carteles de drogas”. Así lo confirma el médico Damín: “Lo más probable es que se fabrique sólo en pequeñas cocinas hogareñas, que se haya popularizado y no tengamos grandes productores”. Fuentes del comité dijeron que “su producción no sería masiva, sino doméstica, artesanal e individual: como los químicos y los solventes con los que se estira se consiguen sin control, se puede producir en la cocina de cualquier casa”. 

Es decir: no hay que meterse con la corrupción instalada en las fuerzas de seguridad –denunciada oportunamente por la fiscal Mónica Cuñarro, coordinadora del mentado comité– ni se está ante el drama complejo de los carteles o grandes mafias. De hecho, Zaffaroni también había dicho que la geografía del paco se limita a un “mapa barrial y no internacional”, con muchas bocas de expendio protegidas por la corrupción. Zaffaroni dijo que al tratarse de un crimen organizado local y barrial, una lucha coordinada e interdisciplinaria puede terminar con él. En eso mismo piensa Fernández –y el comité lo tiene claro– al atreverse a dar el paso hacia una figura que si tiene éxito lo puede llevar al bronce, y si no, hundirlo por ineficaz. Para ello ya tomó dos decisiones que no han sido divulgadas: creó hace meses el Registro Único de Análisis del Narcotráfico (RUAN), que tiene sistematizado el 70 por ciento de la data criminal de las fuerzas federales, y un protocolo único de análisis de la droga incautada en el país, con sustancias de corte y precursores químicos incluidos. Ésa sería la clave: si logran detectar el movimiento de esas sustancias, darían con las pequeñas fábricas de paco. Y en seis meses el camino de los cambios en materia de drogas estaría allanado. Ante un logro así, no habría chances de que fracase un cambio real en la política de drogas.

Lemus faltó a la cita con Gallardo 

El ministro de Salud porteño, Jorge Lemus, faltó a la cita. El juez Andrés Gallardo lo había convocado a una audiencia para que diera explicaciones acerca del incumplimiento del plan de asistencia de adictos al paco en la villa 21-24, pero el funcionario no fue. Dijo estar “ocupado por el problema del dengue” y envió al subsecretario Gabriel Novik con siete carillas en las que, según fuentes judiciales, nada se decía sobre las ineficiencias del programa que el Gobierno de la Ciudad se comprometió a cumplir en uno de los barrios donde más pibes deambulan por los pasillos como fantasmas sin destino. La semana pasada, cuando el juez y el asesor tutelar de Menores, Gustavo Moreno, visitaron la villa y comprobaron que el Ministerio de Salud ni siquiera había notificado acerca del plan. Tampoco destinó a los cinco psicólogos, los cinco médicos, ni la ambulancia al centro de salud del barrio.