No confundamos: control social no es prevención del delito
7 Oct 2019
Desde el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED) advertimos que el hostigamiento policial a los sectores populares no es prevención del delito, ni debe aceptarse como una política de seguridad válida en tiempos democráticos. Es una pésima señal de época que la especulación electoral habilite mayores márgenes de arbitrariedad policial.
Señalamos esto porque el Ministerio de Seguridad de la Nación dicto, el miércoles 2 de octubre, la Resolución 845/2019, mediante la cual creó el “Programa Ofensores en Trenes”, con el objetivo de prevenir “…delitos en el sistema de transporte público de trenes de pasajeros” (art. 1). Para lograr esto, el Ministerio, instruyo a “…las Fuerzas Policiales y de Seguridad a los efectos de que extremen los recaudos y facultades de control que le son propias en zonas de ingreso, egreso, tránsito y/o permanencia de personas que utilizan el transporte público en trenes de pasajeros, teniendo por objeto, a través de la verificación de identidad de las mismas, la constatación de la posible existencia y/o vigencia de medidas restrictivas de carácter judicial” (art. 2).
La medida carece de respaldo legal, ya que no existe ninguna ley que obligue a las personas a disponer de su documento nacional de identidad para utilizar ese medio de transporte público. Y puede derivar en una inconstitucionalidad manifiesta, porque no se puede detener a una persona a los fines de su identificación.
Como se dijo al inicio, además, la “verificación de identidad” de las personas que utilizan el transporte público de trenes a los efectos de constatar la posible existencia y/o vigencia de medidas restrictivas de carácter judicial sobre ellas, nada tiene que ver con la prevención del delito; son más bien iniciativas tendientes a una política de control y criminalización de los sectores más populares de la sociedad argentina.
La medida dispuesta por el Ministerio de Seguridad debe ser cuestionada, también por ineficaz. Es difícil proyectar que la cantidad de recursos que se deberán utilizar para su implementación tenga un impacto significativo en la reducción de delitos en área de los ferrocarriles. En cualquier caso, para justificar semejante despliegue de recursos humanos y la inversión en la tecnología a utilizar, debería mostrarse cuáles son los tipos de delitos que se cometen en los trenes y cómo ha variado su incidencia en los últimos tiempos.
Finalmente, es preciso indicar que este programa se inscribe en un modelo policial anacrónico, apuntalado por un conjunto de medidas ministeriales que refuerzan un perfil represivo y de control social, como el “Reglamento General para el Empleo de las Armas de Fuego por parte de los Miembros de las Fuerzas Federales de Seguridad” (Resolución 956/2018), que habilita amplios márgenes para la utilización del poder letal; y el “Servicio Cívico Voluntario en Valores” (Resolución 598/2019), que busca capacitar a los jóvenes en “valores democráticos y republicanos”.