Violencia Institucional y Democracia
49° aniversario del último golpe de Estado cívico-militar en Argentina
25 Mar 2025
Este 24 de marzo se conmemora el 49° aniversario del último golpe de Estado cívico-militar en Argentina y, en este contexto político, es una oportunidad para reflexionar sobre las rupturas y continuidades de los discursos y prácticas desplegados por la dictadura. Desde 1983, y de forma ininterrumpida, acudimos a las urnas para elegir a nuestros representantes. Este es un logro y un avance significativo en términos de calidad democrática. Sin embargo, en los últimos tiempos hemos advertido un inusitado incremento de la violencia estatal en la gestión de los conflictos. Mientras el Estado se retira de su obligación constitucional de garantizar derechos sociales como salud, seguridad social, educación y trabajo, constatamos un avance en materia represiva: modificaciones legislativas en el Código Penal y el Código Procesal Penal Federal para aumentar las penas y limitar las excarcelaciones, proyectos para bajar la edad de imputabilidad, y la utilización de protocolos de dudosa constitucionalidad que criminalizan la protesta social. Todo esto evidencia un nuevo consenso punitivo, que tiene como consecuencia el aumento de la violencia institucional. Es decir, mientras que la aplicación de políticas neoliberales exacerba la desigualdad social, el Estado ha optado por utilizar la violencia estatal como forma de gestionar la miseria y los reclamos ante los recortes presupuestarios.
La escalada de violencia en los discursos gubernamentales también genera una plataforma que legitima la violencia policial y penitenciaria, desbordando toda legalidad, ya que entendemos que los discursos son performáticos, en el sentido de moldear las prácticas institucionales.
En este sentido, la violencia institucional no debe ser comprendida como el exceso individual de un integrante de las fuerzas de seguridad que incumple las normas vigentes, sino como parte de un entramado complejo de prácticas que perduran con diferente intensidad y sistematicidad desde la dictadura, y nuevos discursos con viejas retóricas que reeditan la dicotomía amigx/enemigx. Estos discursos legitiman y alientan tales prácticas, transformando el fenómeno en estructural.
Por este mismo motivo, la violencia institucional no puede ser comprendida como una respuesta al aumento de la violencia social, pues responde a otros fines. Más bien, es posible trazar una vinculación entre cómo el aumento de la violencia institucional promueve una sociedad más violenta. El Estado no busca con la violencia reducir la criminalidad sino más bien disciplinar los cuerpos arrojados a la miseria y que se organizan para resistir los regresivos programas en materia social.
Desde el estudio de las políticas públicas tenemos grandes desafíos en esta democracia. Debemos construir herramientas metodológicas que nos permitan medir la violencia institucional, no solo con la intención de conocer el fenómeno sino también con el compromiso ético-político de construir estrategias y políticas que nos permitan prevenirla y sancionarla.
Nos merecemos vivir en una sociedad menos violenta, y ninguna sociedad lo ha logrado cuando desde el Estado se intensifica la violencia.
Lucas Crisafulli – Director del área de Violencia Institucional del ILSED